LOS BRINCOS Y SALTOS DEL ESTADO POR EL FRACKING
Por Felipe Lopera Equipo Pandora Leyendo la Realidad || marzo 20, 2021
Recientemente, se ha venido dando la discusión y la resistencia frente a la implementación de la técnica de fracturación hidráulica (Fracking) para la obtención del petróleo en el territorio nacional. El establecimiento en su complacencia con las transnacionales extractivistas despojadoras ha encabezado toda voluntad de implementar esta técnica con el único claro deseo de entregar hasta la última gota de nuestro petróleo y recursos al gran capital; pero, frente a ese deseo, se han encontrado con la inquebrantable voluntad de resistencia de las comunidades tanto rurales como urbanas, que desean la permanencia y sobrevivencia en sus territorios, la soberanía de este pueblo en todos sus aspectos y la defensa del ambiente y la vida misma.
Ante la presión ejercida por las comunidades y diferentes sectores sociales, el consejo de estado, tomó la decisión de suspender el decreto 3004 y la resolución 90341, marco normativo principal para la adjudicación de contratos o licencias, argumentando el principio de precaución, medida que a todas luces busca apaciguar las aguas alrededor de la discusión y legitimar la institucionalidad, mientras se dan condiciones tanto políticas como jurídicas para la implementación de esta técnica.
Es así, como se designa una comisión de expertos, de los cuales la gran mayoría tienen conflictos de intereses con la industria petrolera, y como era de esperarse esta comisión le dio vía libre al Fracking, aunque en sus recomendaciones afirmen que el país no está preparado en materia de línea base o información y parámetros de referencia acerca de las aguas subterráneas, riesgos de sismicidad, contaminación natural y de ecosistemas, capacidad institucional, acceso a la información y licencia social, es decir, no hay forma técnica que permita identificar, prevenir, relacionar o reducir los posibles impactos que trae inmanentemente esta técnica sobre el ambiente y a su vez sobre las comunidades intervenidas. Esta conclusión de la comisión de expertos es catalogada de contradictoria y deja entrever el poco interés que tiene el estado y el gobierno de turno en garantizar los derechos de las comunidades en materia social y ambiental.
La figura jurídica con la que el gobierno pretende ir legitimando y legalizando el Fracking y que el consejo de estado ya aclaro su posibilidad, son los proyectos pilotos de investigación integral (PPII), que negando todos los aportes y esfuerzos que la academia ha dado para argumentar la inviabilidad del fracturamiento hidráulico en materia ambiental y social al representar un riesgo para los ecosistemas y para la salud de las comunidades, afirman que faltan datos técnicos que "realmente" nos permitan concluir la viabilidad de la implementación de esta técnica, pues la discusión que ha tenido el conjunto de la sociedad colombiana con el estado es "apasionada" y no se fundamenta en la rigurosidad científica de investigaciones que se hayan desarrollado en el territorio nacional.
Desde el gobierno de turno aplauden la posibilidad de materializar los PPII, tanto así, que desde los primeros días de enero el MinMinas hizo publicó el borrador del decreto que regularizara la implementación de estos proyectos pilotos, pero, en vez de quedar claro el objetivo y carácter investigativo, académico y sobre todo participativo, muy por el contrario, deja ver muy claro el carácter excluyente y perverso de este, pretendiendo que los PPII sean un instrumento para legalizar y legitimar el Fracking a cualquier costo, además, de otorgarle al Extractivismo todas las garantías para explorar los pozos que muy seguramente en un futuro comenzaran a explotar con fines comerciales.
Es totalmente cínico un decreto en el cual, el estado sea quien determine cual contratista es idóneo para otorgarle el PPII a través de la ANH, a su vez sea solo el contratista PPII quien levante la línea base y desarrolle la investigación durante el tiempo de vida del proyecto, que sea el mismo estado a través de sus instituciones de investigación científica (IDEAM, Instituto Alexander Von Humboldt, Servicio Geológico Colombiano, etc.), quien acompañe la etapa de perforación, fracturación y estimulación del yacimiento y que una vez concluida toda la operación sobre los PPII sean los ministros de minas y ambiente (que son designados por el presidente), un delegado de presidencia y dos expertos (también designados por el presidente) quienes evalúen los procedimientos y resultados obtenidos en los PPII por los contratistas designados, es decir todo lo decide el alto gobierno presidencial (juez y parte). Aun así, se atreven afirmar que estos PPII darán datos reales tanto a las instituciones como a las comunidades, ambientalistas y a la sociedad en general (donde la participación y transparencia queden reducidas a socializaciones de arriba hacia abajo y en mesas territoriales conformadas por el mismo estado) para determinar con rigurosidad científica la implementación o no del Fracking en Colombia.
Y para terminar de completar, no le dio por más al estado y a su régimen de gobierno actual, que salir alarmar y casi que amenazar al pueblo colombiano con una crisis energética y a su vez con una crisis económica debido a que no se implemente el Fracking, pues afirman que para el 2024 las reservas de crudo y gas convencionales se agotaran, mientras que con el Fracking pueden ampliar estas reservas hasta por 50 años más, también se lamen los bigotes por asegurar la renta petrolera y las regalías que muy bien sabrá administrar de caja menor el alto gobierno por otros años más.
Son muchos los brincos y saltos que da el estado en su búsqueda desesperada por darle piso jurídico y legitimidad social al Fracking, sin importarle pasar por encima de los derechos de las comunidades ni mucho menos el ecocidio que significa romperle las entrañas a la madre tierra para sacarle su sangre. Hay que seguir dando la pelea de resistencia por las transformaciones como pueblo organizado sin caer en los cuentos del estado.
Notas:
https://www.elespectador.com/opinion/proyectos-piloto-de-investigacion-integral-columna-899736
https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24158068/Decreto+PPII+-+V.+Publicacio%CC%81n.pdf